En el marco del conflicto suscitado por la permanencia irregular del radar de la empresa LeoLabs en suelo fueguino, el Municipio de Tolhuin inició formalmente un juicio de ejecución fiscal con el objetivo de exigir el desarme del radar y el pago de la multa correspondiente, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N°392/14.
La acción fue impulsada desde la Secretaría de Legal y Técnica, luego del rechazo al recurso de reconsideración presentado por la empresa. En el plano legal, el Municipio dispuso una sanción económica y la demolición de la estructura, amparándose en sus facultades administrativas y en el hecho de que la obra nunca fue habilitada.
Esta medida representa un acto de soberanía concreta, respaldado por el sentimiento profundo que la cuestión Malvinas despierta en la comunidad tolhuinense. La presencia del radar generó una fuerte preocupación entre vecinos y vecinas, quienes desde un inicio se preguntaron cómo había llegado esa estructura al corazón de la isla sin autorización municipal.
El intendente Daniel Harrington, uno de los primeros en alertar sobre la situación hace ya dos años, fue contundente: “Como fueguinos y fueguinas no debemos permitir que intereses extranjeros vulneren nuestra soberanía; es por eso que hemos dado instrucciones para avanzar en la ejecución judicial de las multas impuestas a esta empresa”.
Desde un primer momento, el mandatario mediterráneo señaló que el Municipio jamás otorgó permiso para la construcción del radar. “Cuando nos enteramos del tema, dijimos que hasta que no tengamos clarificado qué se va a hacer con esto, no hay permiso. Por más que hayan presentado los planos y demás. De hecho, la gente de Obras Particulares estuvo siempre a la altura de las circunstancias”, expresó Harrington.
En ese entonces, el Municipio cumplió con todos los pasos administrativos: “El 26 de septiembre de 2023 nosotros notificamos fehacientemente a la empresa, después de las audiencias y todo, respetando los plazos. Cumplimos con todo el procedimiento”, remarcó el Intendente.
La clausura del predio, el rechazo a los recursos presentados por la empresa, y ahora la ejecución judicial, son parte de una línea de acción “sostenida y firme”, que refuerza el compromiso de la gestión municipal con la defensa del territorio y el cumplimiento de las normativas locales.
En palabras de la propia gestión, se trata de una respuesta que marca un rumbo claro: “Tolhuin no será indiferente ante este tipo de hechos y seguirá impulsando políticas públicas que respeten la voluntad de su pueblo y el marco legal vigente.”
